corrupción en operación del azúcar

Opositores del PSOE denuncian corrupción en operación del azúcar

El Nacional, 23 de abril, 1993, Madrid.

Hermetismo oficial

 

MADRID (Especial) – Los intentos de la oposición política española por desentrañar algunas transacciones presuntamente irregulares entre el Estado español y el venezolano, han chocado hasta ahora con un muro de reserva. El senador Rafael Hernando del Partido Popular que lidera la oposición declaró: “llevo investigando dos años para obtener los pocos datos que tengo sobre las irregularidades que se han cometido en algunas operaciones de comercio exterior como la del azúcar. Hay excesivo ocultismo por parte de la administración española”.

Hernando se refiere a una venta de 350 millones de toneladas de azúcar realizada por la empresa pública española Focoex (Fondo de Comercio Exterior), en marzo de 1989, y financiada con un crédito del FAD (Fondo de Ayuda al desarrollo) que España concedió a Venezuela.

Según el libro El Dinero del poder, de los periodistas españoles José Díaz Herrera y Ramón Tijeras, el empresario madrileño José Pérez Pla de Viu recibió una oferta de Focoex para vender azúcar a Venezuela. Pilar Zugaza, entonces directora general del Focoex, firmó un contrato con Pérez Pla para gestionar la operación.

Venezuela, según el libro, padecía una carencia crónica de azúcar. Cenazúcar, empresa estatal venezolana, comercializadora de este producto, quería adquirir mediante un concurso público internacional, un total de 30.000 toneladas. Pilar Zugaza, afirman los autores, tenía la seguridad de que Cenazúcar no cerraría la operación sin darle a Focoex la última oportunidad.

Focoex había hecho gestiones con la Compañía General Azucarera española que no disponía de azúcar, ya que vendía en exclusiva sus excedencias a una empresa británica. Por lo tanto, Tradincorp, la empresa de Pérez Pla empezó a moverse en busca de los mejores precios para hacer una oferta competitiva a Venezuela. “La operación era política y el porcentaje de las comisiones a manejar iba a ser muy bajo”, escriben Díaz Herrera y Tijeras.

Focoex hizo varias ofertas que no tuvieron cauce debido a la imposibilidad de Venezuela de hacer frente a los pagos. Sin embargo, en diciembre, después de que Carlos Andrés Pérez (CAP) ganara las elecciones, Pilar Zugaza afirma a Pérez Pla que “el negocio se hará”.

Pero tres meses después, en marzo de 1989, el negocio se lo llevaron el empresario vasco Enrique Sarasola Lerchundi y un venezolano Gonzalo Colimodio, hombre ligado a la industria farmacéutica y de la máxima confianza de CAP. Según un artículo publicado en El País (17 de mayo 1989) Colimodio era entonces comisionado venezolano del Ministerio de Fomento.

Sarasola Lerchundi, alías el Pichirri, amigo de Felipe González y de CAP, es –según la prensa local- el hombre que se esconde tras las mayores operaciones financieras del Partido Socialista.

Esta operación triangular, con apoyo de Focoex, se financió con un crédito FAD (al 58% de interés, pagadero en dos años) concedido apresuradamente por el Gobierno español a Venezuela, en el que se incluyó el canje de parte de la deuda externa de Cuba con España. La compra de 350.000 toneladas de azúcar a Cuba se hizo a través de la empresa panameña Carib-Sugar. Según El País, la negociación se cerró con un contrato de 126 millones de dólares. El Banco Industrial de Venezuela financió 73 millones y el Focoex otros 50 millones.

A los pocos meses Oswaldo Álvarez Paz, basándose en informaciones sobre los precios de referencia del azúcar de los mercados de Londres y Nueva York, denunció sobreprecio de 18 millones de dólares, alrededor de 70 dólares por tonelada.

Según El País, Colimodio declaró que esta compra “se cerró con precios fijos, completos y finales, de 337 dólares por tonelada de azúcar crudo y 415 dólares por tonelada de azúcar ya refinado y empaquetado. La diferencia entre estos precios y los vigentes en la bolsa, ese día, no son un sobreprecio. Son los gastos de colocar 350.000 toneladas de azúcar, de distintos países, en puertos venezolanos durante casi un año, período en que el azúcar, los fletes y otros costes tienen tendencia al alza”.

Este caso es tan complejo que, según Armando Sánchez Bueno, de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano (en declaraciones al diario español YA en junio de 1992) influyó en que el Congreso no ratificara la Ley de Crédito Público que pondría en funcionamiento un crédito “blando” procedente de España de 900 millones de dólares.

También el senador Rafael Hernando afirma que este convenio no había entrado en vigor “debido a que el Congreso venezolano desconfía de que estos fondos vayan a servir para el desarrollo de algunos dirigentes del mismo como al parecer ha ocurrido en el pasado, al haberse denunciado casos de corrupción en el Gobierno venezolano”.

A pesar de las magnificas relaciones bilaterales, y en particular entre los presidentes González y Pérez, ese convenio no se ha puesto en marcha.

El Focoex es una empresa pública de comercio exterior que, según el senador Hernando, atenta contra la empresa privada. El Focoex, afirmó el senador, “utiliza demasiado el hecho de ser una empresa pública para obtener negocios, incluso compitiendo con empresas privadas españolas. Se creó para fomentar el comercio de las empresas españolas, pero en realidad lo que está haciendo es montar sus propios negocios con intereses empresariales y no nacionales”.

Los empresarios españoles, afirma el diario madrileño YA, que operan desde hace años en América se quejan de que una empresa de comercio estatal como Focoex, y en cuya plana mayor se encuentre el alto staff de la Secretaría de Estado para el Comercio, maneja una información privilegiada que hace imposible, a juicio de los empresarios privados, que nadie pueda competir en comercio exterior con esta empresa que, además favorece a otras firmas privadas que están dentro de su ámbito de influencia.

El Focoex, tal como dice el senador Hernando, es un organismo hermético del que parece imposible obtener información. Interrogado telefónicamente, Ángel Alda, asesor de la Presidencia para las Relaciones con el Exterior, sobre la posibilidad de que el Estado español demandara al Estado venezolano por una deuda de 25 millones de dólares por la cuestión del azúcar, éste contestó que “Focoex no tiene ninguna deuda ni demanda con el Gobierno venezolano”. Igualmente infructuosas fueron las consultas a otros organismos oficiales.

Caña de azúcar


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